El Gobierno se da dos meses para pactar la reforma de las políticas activas de empleo
Después de la reforma laboral, cuestionada en sus objetivos por los últimos datos de paro, el Gobierno se propone sacar adelante un cambio revolucionario en las políticas activas de empleo, para lo que se ha dado un plazo de dos meses. En este periodo, intentará pactar la reforma con sindicatos y empresarios, pues la intención del Ejecutivo es que exista el máximo consenso en un proceso que reencauzará un volumen de recursos cercano a los 8.000 millones de euros anuales.
El Gabinete ha estudiado esta mañana un informe presentado por el nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, a quien competerá en una primera fase la reanudación del diálogo con los agentes sociales. En dicho informe, se definen las tres grandes claves de la reforma: los cambios se realizarán con la intención de que perduren en el largo plazo, en ellos se conjugará la competencia normativa del Estado con la que corresponde, en el plano de la ejecución, a las comunidades autónomas y, por último, se buscará la combinación entre las actuaciones de los servicios públicos de empleo y las de los agentes privados de intermediación.
La reforma tendrá en cuenta el camino abierto con la transferencia de la gestión de estas políticas activas al País Vasco, al que podrán acogerse de momento también aquellas comunidades que hayan reformado sus estatutos. Las bonificaciones a la Seguridad Social podrán ser gestionadas desde los distintos territorios de forma que, en la fase final, serán los gobiernos regionales los encargados de compensar al Estado por el coste de estas ayudas.
El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado esta tarde que uno de los objetivos principales de la reforma es conseguir que los servicios públicos de empleo lleguen a tener la misma calidad que otros de los que prestan las administraciones públicas, como por ejemplo la sanidad, la educación o el control de las obligaciones tributarias. También es propósito del Ejecutivo lograr que estos servicios de empleo que se canalizan en estos momentos a través del Inem con tan poca eficacia dispongan de una atención mucho más individualizada a los parados, en una experiencia similar a la que opera en países como Holanda o Francia.
De esta forma, el informe que ha trasladado hoy Valeriano Gómez al Consejo de Ministros propone situar las necesidades de los parados en el centro de gravedad de la reforma de las políticas de empleo. La reforma implicará reordenar las actuales partidas de gasto, que consumen anualmente 8.000 millones de euros en estos menesteres. El reto pasará por mejorar la organización y el funcionamiento de estos servicios y, en años venideros, incrementar sus recursos humanos, materiales y técnicos. Valeriano Gómez opina que el INEM dispone de pocos funcionarios si se compara con los servicios de otros países, Francia entre ellos. El proceso irá paralelo al aumento de la colaboración con las empresas privadas de intermediación.
El Gobierno se propone también evaluar de forma permanente el nuevo sistema de bonificaciones con el fin de verificar si
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